No soy tan ingenua como para pensar que unas
mejores relaciones públicas resolverían todos los problemas diplomáticos y de
relaciones públicas de Israel. Pero no hay duda de que unas relaciones públicas
incompetentes empeoran mucho su situación. Como ejemplo, tomemos la
estupefaciente revelación del pasado martes: a las 24 horas del incidente con
bajas civiles con más repercusión de la guerra de Gaza de 2009, Israel había
obtenido pruebas que ponían en entredicho su responsabilidad por dichas
muertes. Pero las ocultó durante más de ocho años, y sólo se hicieron públicas
como parte de un informe de la defensa en una demanda civil interpuesta por el
padre de una de las víctimas.
El incidente en cuestión tuvo lugar el 16 de
enero de 2009, cuando soldados israelíes que combatían en Gaza fueron atacados
por francotiradores. Los soldados dispararon dos proyectiles contra un puesto
de observación que parecía dirigir a los francotiradores. El puesto de
observación estaba en la tercera planta de un edificio en el que –sin que lo
supieran los soldados– también se encontraba la casa de un conocido médico,
Izeldín Abuelaish. Murieron tres de las hijas de Abuelaish, además de una de
sus sobrinas; otros miembros de su familia resultaron heridos. Abuelaish, que
trabajaba en Israel, mantenía buenas relaciones con los israelíes y abogaba por
la paz; más tarde adquirió fama mundial cuando publicó un libro sobre este
incidente y su reacción ante el mismo, titulado No voy a odiar.
El mundo cargó a Israel las muertes de las
Abuelaish y jamás puso en duda su culpabilidad. Sin embargo, ahora resulta que,
sólo un día después del incidente, Israel tenía pruebas que apuntaban a la
posibilidad de que no hubiesen sido sus proyectiles los que causaron la
matanza.
La evidencia la aportaron unas pruebas de
laboratorio realizadas sobre seis fragmentos de metralla extraídos de dos de
las víctimas que fueron tratadas en Israel (los otros heridos no fueron
llevados a Israel, ni los muertos, así que no se pudo obtener metralla de las
demás víctimas). Las pruebas demostraron que, junto a las trazas de varios
explosivos utilizados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hamás, al
menos un fragmento contenía un explosivo, denominado R-Salt, que no usan las
FDI pero sí se emplea en los artefactos explosivos improvisados elaborados en
Gaza. Además, los seis fragmentos contenían nitrato de potasio, otra sustancia
que no usan las FDI pero sí Hamás en sus misiles Qasam.
Un informe de seguimiento realizado un mes
después, en el que se cotejaba la metralla con el tipo específico de
proyectiles disparados por Israel, concluía que era imposible que cuatro de los
seis fragmentos hubiesen provenido de dichos proyectiles; un quinto “podría
haber procedido” de un proyectil de las FDI y, al parecer, no había conclusión
posible sobre el sexto.
Todo esto sugiere que Hamás, o una
organización palestina más pequeña, estaba utilizando la casa como depósito de
armas. Según las FDI, no hay otra forma de explicar la presencia de explosivos
que no eran suyos en la metralla.
Esto no implica de ninguna manera que los
Abuelaish sean culpables. Los terroristas palestinos tienen la costumbre de
almacenar armas en casas de civiles sin el consentimiento e incluso sin el
conocimiento de sus propietarios. Pero sí plantea la posibilidad de que los
proyectiles israelíes, cuyo objetivo era eliminar el puesto de observación sin
causar daños significativos a la vivienda, no habrían provocado tantas muertes
si ésta no hubiese albergado un arsenal oculto –algo que los soldados no podían
saber–, que explotó con el impacto de los proyectiles. De ser así, entonces
estaría claro que Israel no fue responsable de esas muertes: utilizó una
cantidad de fuerza razonable para responder legítimamente a una amenaza militar
y no podía prever las letales consecuencias.
Una de las acusaciones más comunes lanzadas
contra Israel por sus críticos es que, como posee armas de precisión capaces de
hazañas tales como destruir una sola habitación sin dañar el resto del
edificio, cualquier víctima civil tiene que ser fruto de una negligencia
criminal, en el mejor de los casos, o, en el peor, un asesinato. Obviamente,
sólo se puede llegar a esa conclusión si se ignoran varios datos fundamentales,
como que los errores son inevitables en el campo de batalla, donde los soldados
deben tomar decisiones en décimas de segundo basadas en información imperfecta.
Otro de esos datos fundamentales tiene que ver
con el hábito de Hamás de almacenar armas y munición en casas de civiles sin,
lógicamente, informar a Israel de la ubicación de los arsenales. Esto significa
que no importa cuánto cuidado pongan los soldados israelíes al elegir sus
municiones: no tienen forma de afrontar la posibilidad de que un depósito de
armas desconocido provoque explosiones secundarias, dando lugar a un daño mayor
del previsto.
Este hecho es esencial para entender por qué
la culpa de la mayor parte de las muertes de civiles no recae sobre Israel, que
efectivamente se afana por utilizar fuerza militar proporcionada, sino sobre
Hamás, que deliberadamente pone en peligro a su propia población civil
escondiendo armas en sus hogares. Ya que con frecuencia esto no se entiende
bien en el extranjero, a Israel le interesa publicitar estos ejemplos
cualitativos con el mayor despliegue posible.
En cambio, ocultó su información sobre el caso
Abuelaish durante ocho años. El informe del laboratorio se mantuvo tan en
secreto que los abogados de Abuelaish no supieron de su existencia hasta la
semana pasada, pese a que la demanda se presentó en 2010. Y entonces, tras
haberse visto obligado por fin a hacer público el informe para defenderse de la
demanda, el Gobierno no ha hecho ningún intento de publicitarlo; salió a la luz
solamente porque un periodista se tomó la molestia de leerlo y se dio cuenta de
que tenía interés noticioso.
Obviamente, una información como esta no hará
cambiar de parecer a uno solo de los detractores de Israel. Pero hay muchas
personas de buena fe, especialmente entre los judíos residentes en el
extranjero, que de verdad quieren creer que las FDI se esmeran en evitar
muertes de civiles y no pueden entender por qué, si es así, se siguen
produciendo.
Israel tiene muchas respuestas válidas a esa
pregunta, empezando por que su ratio de muertes civiles-militares es de hecho
inferior a la de otros ejércitos occidentales. Pero esas respuestas son
inútiles si no se toma la molestia de publicitarlas. Ocultar información
exculpatoria durante ocho años sobre un caso con tanta repercusión no es
precisamente la mejor manera de aplacar las inquietudes de sus defensores.
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